LA CONSULTA POPULAR MEXICANA: Lejano enjuiciamiento para actos de corrupción del pasado.


06 Agosto 2021   Iovana Gonzáles

Opinión

El pasado domingo 01 de agosto, se llevó a cabo la polémica “consulta popular “con una escasa participación ciudadana (cerca del 7%) provoco críticas severas contra el Instituto Nacional Electoral y el gobierno del presidente López Obrador.

Este ejercicio fue “fallido” ya que la pregunta planteada en la papeleta de emisión de opinión decía :

 “¿Estás de acuerdo o no en que se lleven a cabo las acciones pertinentes con apego al marco constitucional y legal, para emprender un proceso de esclarecimiento de las decisiones políticas tomadas en los años pasados por los actores políticos, encaminado a garantizar la justicia y los derechos de las posibles víctimas?”

No ofreció un planteamiento claro  ya que no representa una respuesta a los problemas de corrupción en los gobiernos del pasado, ni la violación a los derechos humanos que no han sido resuelto, tampoco exonera  la administración de López Obrador sin olvidar que en meses pasados, AMLO dejo ver la posibilidad de extinguir al Instituto Nacional de Acceso a la Información Publica y Datos Personales (INAI), organismo que obliga a las dependencias rendir cuentas de sus acciones y manejo de la información pública de las dependencias.

Quienes tuvimos la oportunidad de ser “observadores” en el ejercicio de la consulta 2021, dimos fe que la participación en las casillas fue muy baja  a pesar de la difusión en medios de comunicación para invitar a los ciudadanos a participar en el ejercicio democrático.

Estamos en la tercera ola por la pandemia Covid-19, con nuevas cepas y  repuntes de contagios y el gobierno morenista  decidió invertir  528 millones de pesos para la consulta popular, la cual la mayoría de los mexicanos decidió no emitir su opinión porque consideraron, según algunas encuestas, que no se iba actuar en contra de los exfuncionarios corruptos.

Claramente se expresa en la legislación mexicana, dentro del artículo 35 constitucional el derecho de la ciudadanía a votar en “las consultas populares” y en ese sentido, y apegándose a la pregunta de este ejercicio “democrático” y para aclarar el fondo real de la pregunta de la consulta era garantizar los derechos humanos y hacer valer la justicia de las probables victimas entorno a la violación de los derechos humanos realizada por los actores políticos del pasado.

El Estado Mexicano debe garantizar el respeto a  los derechos humanos de la ciudadanía, nacemos  con ellos porque están protegidos por Tratados Internacionales y la propia Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos por lo que estos no tienen porque  “consultarse” debido a que el Estado está “obligado” a garantizar justicia incluyendo la rendición de cuentas que es fundamental para el ejercicio de la democracia.

La pregunta de la consulta debió plantearse de otra forma, cuyo eje central pudo haber sido entorno al mejoramiento de los mecanismos que garanticen los derechos humanos de todas y todos los mexicanos. La consulta popular resulta ser un mecanismo de empoderamiento ciudadano hacia una democracia más participativa. Las consultas tienen sus restricciones en ciertos temas constitucionales, sin embargo permite una nueva forma de control en la participación ciudadana.


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Escrito por


Iovana Gonzáles Robles

Iovana Gonzáles Robles

Analista y Politóloga graduada en Facultad de Ciencias Políticas y Sociales - UNAM
Estudios superiores en Instituto de Investigaciones Sociales (UNAM)
Consultora en temas de política Internacional

RoblesIovana   iovana.comunicacionpolitica@outlook.com


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